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Glosario de la UE: Fuente

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Cohesión económica, social y territorial

Desde sus inicios, un objetivo clave de la UE ha sido la reducción, mediante su política de cohesión, de las desigualdades sociales y económicas entre sus muy diversas regiones. Esta utiliza los Fondos Estructurales para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Estos fondos abordan los problemas de:

  • las regiones con desventajas naturales o demográficas graves y permanentes (por ejemplo, una densidad de población muy reducida, regiones insulares, transfronterizas y de montaña;
  • las zonas afectadas por una transición industrial;
  • las zonas rurales.

El Tratado de Lisboa añadió una tercera dimensión: la cohesión territorial. Ello significa aprovechar al máximo las fortalezas de cada territorio para contribuir al desarrollo sostenible y equilibrado de toda la UE. Así, implica la planificación y la aplicación, por parte de un territorio y sus vecinos, de soluciones óptimas a cuestiones tales como el transporte o internet.

Se puede obtener financiación para fines de cohesión a partir de las fuentes siguientes:

  • Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
  • Fondo Social Europeo,
  • Fondo Europeo de Cohesión,
  • Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural,
  • Banco Europeo de Inversiones.

Los artículos 174-178 del Tratado de Funcionamiento de la UE establecen las bases jurídicas de la política de cohesión de la UE. Coincidiendo con la adopción de su marco financiero plurianual, la UE adoptó una serie de reglamentos por los que se rigen los fondos arriba mencionados para el período 2014-2020.

 

Comisión Europea

Instituida en 1957, la Comisión Europea está formada en la actualidad por veintiocho comisarios, incluido su presidente. La Comisión actúa en el interés general de la UE, con total independencia de los gobiernos nacionales y debe rendir cuentas al Parlamento Europeo.

Goza del derecho de iniciativa para proponer legislación en un amplio abanico de ámbitos políticos. En los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior, comparte un derecho de iniciativa con los países de la UE. Como también sucede con el Parlamento Europeo y el Consejo, los europeos pueden pedir a la Comisión que presente leyes mediante la iniciativa ciudadana.

La Comisión tiene la potestad de adoptar actos no legislativos, en particular actos delegados y de ejecución, y cuenta con importantes competencias para garantizar unas condiciones de competencia justas entre las empresas de la UE.

La Comisión supervisa la ejecución de la legislación comunitaria. También ejecuta el presupuesto de la UE y gestiona los programas de financiación. Asimismo, ejerce las funciones coordinadoras, ejecutivas y de gestión que recogen los tratados. Representa a la UE por el mundo en ámbitos que no están cubiertos por la politica exterior y de seguridad común, por ejemplo, en la política comercial y la ayuda humanitaria.

La Comisión está formada por Direcciones Generales (departamentos) y Servicios, que en la mayoría de los casos tienen sus sedes en Bruselas y Luxemburgo.

 

Comisiones parlamentarias

De la misma manera que en los parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo (PE) crea comisiones parlamentarias.

Los grupos políticos y los diputados no inscritos del PE presentan sus propuestas para elegir diputados para distintas comisiones al comienzo de cada legislatura y dos años y medio después. A propuesta de su Conferencia de Presidentes, el PE crea varias comisiones y decide su tamaño y competencias reflejando, en la medida de lo posible, la composición del PE.

Actualmente, existen veintidós comisiones permanentes y una comisión especial, distribuidas por sectores (p. ej., agricultura y desarrollo rural, empleo y asuntos sociales, industria, investigación y energía, asuntos constitucionales, asuntos jurídicos, presupuestos, control presupuestario, etc.).

Existen los tipos siguientes:

  • comisiones permanentes;
  • comisiones de investigación para examinar infracciones o aplicaciones deficientes del Derecho de la UE.

El PE puede crear, además:

  • subcomisiones (derechos humanos y seguridad y defensa);
  • comisiones temporales encargadas de examinar asuntos concretos con mandatos de un año (p. ej. Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social).

Las comisiones elaboran informes dirigidos por un «ponente»:

  • informes legislativos que proponen modificaciones a proyectos legislativos de la Comisión Europea;
  • informes no legislativos;
  • informes de propia iniciativa.

Las comisiones se reúnen por convocatoria de su presidente o a petición del Presidente del Parlamento. La Comisión y el Consejo pueden participar en las reuniones, previa invitación.

Los comisarios designados comparecen ante las comisiones parlamentarias correspondientes a su ámbito de competencia antes de que el Parlamento ratifique una nueva Comisión.

Composición de la Comisión Europea

La Comisión Europea está formada por veintiocho miembros, uno por cada país de la Unión Europea (UE).

El apartado 5 del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea estipula que, a partir del 1 de noviembre de 2014, la Comisión estará integrada por un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de países de la Unión Europea (UE). Sin embargo, también prevé cierto grado de flexibilidad, dado que permite que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificar esta cifra.

En 2009, antes del segundo referéndum irlandés para ratificar el Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo reafirmó su compromiso (que ya había manifestado en diciembre de 2008) de adoptar una decisión que garantizase que el número de representantes de la Comisión se correspondiese con el número de países de la UE, de manera que cada uno de ellos seguiría teniendo derecho a designar un miembro de la Comisión. Dicha decisión fue adoptada por el Consejo Europeo el 22 de mayo de 2013 (Decisión 2013/272/UE).

 

Consejo de la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea («Consejo») es una de las principales instancias decisorias de la UE. Se reúne a nivel de los ministros de los veintiocho países de la UE y es la institución donde estos países adoptan legislación y coordinan políticas. La sede del Consejo está en Bruselas, pero puede reunirse en Luxemburgo. Las sesiones del Consejo (salvo las del Consejo de Asuntos Exteriores) las convoca la Presidencia rotatoria, que fija su orden del día.

El Consejo se reúne en diez formaciones en las que participan los ministros competentes de todos los países de la UE: Asuntos Generales, Asuntos Exteriores, Asuntos Económicos y Financieros, Justicia y Asuntos de Interior, Empleo, Política Social, Salud y Consumidores, Competitividad, Transporte, Telecomunicaciones y Energía, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Educación, Juventud y Cultura. El Consejo de Asuntos Generales coordina los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo.

Las decisiones del Consejo son preparadas por el Comité de Representantes Permanentes de los países de la UE (Coreper), asistido por grupos de trabajo compuestos de funcionarios de las Administraciones nacionales.

El Consejo ejerce, con el Parlamento, las funciones legislativas y presupuestarias. Constituye, por otra parte, la institución principal para tomar decisiones en materia de Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), así como para coordinar las políticas económicas (método intergubernamental). También es titular del poder ejecutivo, que delega generalmente en la Comisión.

En la gran mayoría de los casos, el Consejo decide a propuesta de la Comisión Europea, por el procedimiento legislativo ordinario con el Parlamento Europeo. En función del ámbito de que se trate, se pronuncia por mayoría simple, cualificada o por unanimidad aunque se utiliza más ampliamente la mayoría cualificada (agricultura, mercado único, medio ambiente, transportes, empleo, salud, etc.).

 

Consejo Europeo

El Consejo Europeo se convirtió en una institución de la UE en virtud del Tratado de Lisboa, que también estableció el nuevo cargo de Presidente del Consejo Europeo. A finales del año 2014, Donald Tusk fue elegido presidente por un período de dos años y medio.

El Consejo Europeo reúne al menos cuatro veces al año a los Jefes de Estado o de Gobierno de los países de la UE e incluye como miembro de derecho al Presidente de la Comisión Europea.

El papel del Consejo Europeo consiste en dar a la UE los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones y prioridades políticas generales (artículo 15 del Tratado de la Unión Europea; TUE).

No ejerce ninguna función legislativa. Sin embargo, puede ser consultado en materia penal (artículos 82-83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; TFUE) o de seguridad social (artículo 48 del TFUE) en caso de que algún país de la UE se oponga a una propuesta legislativa en estos ámbitos.

Las decisiones se adoptan por consenso o, cuando así lo dispongan los tratados, por unanimidad, mayoría cualificada o simple. Las conclusiones de los procedimientos del Consejo Europeo se publican después de cada reunión.

 

Control de la aplicación del Derecho comunitario

El artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) estipula que la Comisión Europea es la guardiana de los tratados de la Unión Europea (UE). Así, su tarea consiste en controlar la aplicación del Derecho primario y derivado, y garantizar su aplicación uniforme en toda la UE. Además, recoge información para supervisar su cumplimiento por parte de los países de la UE.

Cuando un país de la UE incumpla el Derecho comunitario, la Comisión le enviará una «carta de requerimiento formal», que permite que dicho país presente sus observaciones. Si la Comisión sigue pensando que persiste la violación de las normas de la UE, enviará un dictamen motivado al país de la UE en cuestión. En caso de que este dictamen no surta ningún efecto, la Comisión podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea [en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)].

Si el país de la UE no acata la sentencia, el Tribunal podrá imponer una multa al país en cuestión tras un segundo juicio [artículo 260(2) TFUE]. En determinados casos concretos, el Tribunal podrá imponer sanciones económicas al dictar la sentencia del primer juicio de acuerdo con el artículo 258 del TFUE [artículo 260(3) TFUE].

Además, toda persona o entidad podrá interponer un recurso ante la Comisión si una medida o práctica administrativa en un país de la UE parece violar las normas de la UE. Sin embargo, solamente la Comisión puede iniciar el procedimiento en virtud de los artículos 258 y 260 del TFUE.

 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)

El Consejo de Europa firmó en 1950 el CEDH, un tratado internacional para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en Europa. Los cuarenta y siete países que forman el Consejo de Europa, de los que veintiocho son miembros de la UE, se han adherido al Convenio.

El Convenio creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de proteger a las personas de las violaciones de los derechos humanos. Cualquier persona cuyos derechos hayan sido violados en virtud del Convenio por un Estado parte puede presentar su caso ante el Tribunal. Esta es una característica innovadora que estableció derechos individuales en la esfera internacional. Las sentencias que determinen violaciones son vinculantes para los países correspondientes. El Comité de Ministros del Consejo de Europa supervisa la ejecución de las sentencias.

El Convenio cuenta con varios protocolos que modifican su marco.

El Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, permite que la UE se adhiera al CEDH y en 2013 se ultimó un preacuerdo de adhesión.

 

Cooperación para el desarrollo

La cooperación para el desarrollo de la UE tiene su origen en la firma del Tratado de Roma en 1957. Los países y territorios de ultramar de los Estados miembros de entonces fueron los primeros beneficiarios. Con el paso de los años, se ha ido ampliando progresivamente el alcance de la cooperación para el desarrollo de la UE. Hoy en día, la UE es el mayor contribuyente del mundo y colabora con 160 países.

La cooperación para el desarrollo debe practicarse con arreglo a los principios y objetivos de la acción exterior de la UE. Su objetivo principal es reducir, y a largo plazo erradicar, la pobreza en el mundo mediante el fomento de un progreso económico, social y medioambiental sostenible de los países en desarrollo.

Los principios rectores de la acción exterior y la cooperación para el desarrollo europeas se enumeran en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respectivamente.

En los últimos años se han racionalizado los instrumentos de la UE para financiar la acción exterior. En el caso del periodo 2014-2020, la principal fuente de financiación disponible para el desarrollo proviene del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD) y el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), además del Fondo Europeo de Desarrollo (financiado por los Estados miembros pero no a partir del presupuesto de la UE).

 

Copernicus

Copernicus es un programa de la Unión Europea que tiene por objeto el desarrollo de los servicios de información europeos basándose en la observación de la Tierra por satélite y el análisis de datos in situ (no procedentes del espacio). Esta iniciativa está encabezada por la Comisión Europea (CE) y cuenta con la colaboración de la Agencia Espacial Europea (AEE) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

Mediante el desarrollo de una industria europea espacial y de servicios competitiva, el programa pretende fomentar unos sistemas y servicios innovadores de observación de la Tierra, así como garantizar que Europa tenga un acceso independiente al conocimiento medioambiental y a tecnologías clave para los servicios de recopilación de geoinformación y observación. Los usuarios podrán acceder libre y gratuitamente a los servicios de información que se proporcionen.

Copernicus consta de tres componentes: un componente de servicio, un componente espacial y un componentein situ.

Los principales usuarios del programa son responsables políticos y autoridades públicas que utilizan la información como base para el desarrollo de políticas y legislación, como en el ámbito medioambiental o de protección civil, en caso de un desastre natural o una crisis humanitaria. Asimismo, otros usuarios pueden ser usuarios comerciales o privados, los sectores de la enseñanza y la investigación y organizaciones sin ánimo de lucro.

Los datos y la información de Copernicus se facilitan de manera completa, abierta y gratuita, con sujeción a determinadas condiciones y limitaciones, con el fin de fomentar su utilización e intercambio, y fortalecer los mercados europeos de observación de la Tierra, especialmente en el desarrollo de servicios y productos con valor añadido. Este tipo de servicios derivados puede estar disponible de manera gratuita o no gratuita en función del modelo de negocio del proveedor.

 

Criterios de adhesión (criterios de Copenhague)

El Tratado de la Unión Europea establece las condiciones (artículo 49) y los principios (artículo 6, apartado 1) que debe cumplir todo país que desee adherirse a la Unión Europea (UE).

Para adherirse a la UE, el país candidato debe cumplir determinados criterios (conocidos como los «criterios de Copenhague»), que estableció el Consejo Europeo de Copenhague en 1993 y, posteriormente, el Consejo Europeo de Madrid intensificó en 1995.

Estos criterios son:

la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías;

la existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la UE;

la capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, incluida la capacidad para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y políticas que forman el acervo comunitario, y aceptar los objetivos de la unión política, económica y monetaria.

El primero de los criterios debe cumplirse como condición para que se pongan en marcha las negociaciones de adhesión.

 

Criterios de convergencia

Todos los países de la Unión Europea (UE) forman parte de la unión económica y monetaria (UEM), un proceso de tres fases.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 140 y protocolo anexo) contiene normas sobre la transición a la tercera fase de la UEM, consistente en la adopción del euro como moneda en un país de la UE. Para adoptar el euro, un país debe cumplir cuatro criterios principales (criterios de convergencia):

La Comisión no debe haber dictaminado que existe un déficit presupuestario excesivo.

Debe presentar un grado de estabilidad de precios sostenible y una tasa promedio de inflación (observada durante un período de un año antes del examen) que no exceda en más del 1,5 % la de los tres países de la UE con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios.

Debe presentar un tipo de interés nominal a largo plazo que no exceda en más de un 2 % el de los tres países de la UE con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios.

Debe respetar los márgenes normales de fluctuación dispuestos por el mecanismo de tipo de cambio, sin tensiones graves, durante por lo menos los dos años anteriores al examen.

El cumplimiento de estos criterios se verifica a partir de los informes elaborados por la Comisión y por el Banco Central Europeo (BCE).

 

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